Ley de Cambio Climático y Transición Energética

La lucha contra el cambio climático es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el mundo. Por ello, desde hace tiempo, los diferentes líderes mundiales se encuentran en la constante búsqueda y aplicación de medidas y leyes que permitan facilitar la adecuación de nuestra realidad a las necesidades climáticas del planeta.

Un ejemplo de ello es el Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que entró en vigor en 2005 y estableció, por primera vez, objetivos de reducción de emisiones de gases contaminantes que causan el calentamiento global. Igualmente, en 2015 la ONU (Organización de las Naciones Unidas) aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, entre lo que se encuentran distintos objetivos y metas para combatir el cambio climático a nivel mundial.

Aun así, para lograr frenar el cambio climático y hacer del mundo un lugar más sostenible es necesaria la implicación tanto de los gobiernos como del sector privado y la sociedad. Esto va directamente ligado a la introducción de legislación acorde a las necesidades climáticas y las demandas de la ciudadanía. En este sentido, recientemente, España ha presentado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE), el que será la hoja de ruta para adaptar la realidad a los retos climáticos del futuro y caminar hacia la descarbonización de la economía española en 2050.

¿Cuáles son los pilares de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética?

El texto, que concreta el compromiso de España en la lucha contra el cambio climático y establece las bases para la transición energética, parte de cuatro pilares principales: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el fomento de energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Para ello, el Gobierno ha definido dos grandes referencias temporales: 2030 y 2050. Así, en 2030, por ejemplo, la meta es reducir las emisiones de estos gases en al menos un 20% respecto a 1990 y la generación de un 70% de la electricidad con renovables, entre otros, para en 2050 alcanzar la neutralidad climática.

El anteproyecto de la ley de cambio climático y transición energética responde al compromiso de España adquirido con la firma del Acuerdo de París y se alinea con The European Green Deal, conjunto de iniciativas políticas presentadas por la Comisión Europea con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en Europa en 2050.

Este anteproyecto de ley, además, recoge que todos los planes, estrategias y disposiciones que se fijen para luchar contra el cambio climático, deberán llevarse a cabo junto con la participación de agentes sociales, económicos y el público en general.

¿Cuáles son las medidas que contempla la ley?

La ley de cambio climático y transición energética incluye medidas de dos tipos: de mitigación y de adaptación al cambio climático. Las primeras están enfocadas en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el incremento de la temperatura global y reducir la huella de carbono. Las segundas están destinadas a proteger a la sociedad y nuestro hábitat con una disminución del impacto en los ecosistemas.

Entre algunas de las medidas más esperadas que España incorpora en esta ley se encuentran:

• La obligación del establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023 en todos los municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares, ya que casi el 70% de las emisiones de CO2 se producen en las ciudades. Estos territorios, además, deberán impulsar medidas de movilidad eléctrica compartida.

• Para fomentar el uso del vehículo eléctrico, el Gobierno pondrá en marcha una plataforma de información sobre puntos de recarga y establece obligaciones relativas a la instalación de dichos puntos en edificios de nueva construcción y estaciones de servicio con un volumen de venta alto. El objetivo es alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2 directas en 2050.

• Para el objetivo de cero emisiones en el transporte marítimo y aéreo, se promoverá la articulación de cadenas logísticas sostenibles y el suministro de biocarburantes procedentes de fuentes renovables.

• Fomento de combustibles alternativos como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y de la biomasa como fuente de generación de biogás, con el establecimiento de un mecanismo de acreditación y emisión de Certificados de Garantía de Origen, entre otros.

• Impulso a las energías renovables mediante medidas como la convocatoria de subastas en 2021 para la construcción de instalaciones renovables, la promoción de la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables en la edificación favoreciendo también la hibridación de las instalaciones.

• Impulsar la transición de la producción del sector agrícola y ganadero hacia un modelo sostenible que contribuya a la reducción del total de gases de efecto invernadero, con el fomento de la agricultura ecológica, la promoción de la eficiencia energética y el impulso de un modelo ganadero extensivo y ligado al territorio.

• Medidas de desarrollo rural garantizando el equilibro territorial entre las comarcas rurales y las áreas urbanas mediante un Plan de Desarrollo Rural, un Plan de Lucha contra la Despoblación, la creación de oportunidades económicas para el medio rural y la promoción de la energía biomasa como fuente de generación eléctrica renovable.

• Medidas para alargar la vida útil de los productos y de fomento de la economía circular, con la finalidad de promover el segundo uso, la reutilización, la reparación y el reciclaje de los productos, y el establecimiento de una Estrategia Nacional de Residuos, lo que permitirá lograr un mejor equilibrio entre protección del medio ambiente y creación de empleo.

Con estas medidas, el Gobierno pretende lograr una reducción de las emisiones de CO2 e impulsar las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible.

El anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya ha sido sometido a información pública, presentado al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), pero esta aún debe remitirse al Consejo de Ministros y tramitarse en el parlamento.